La seguridad jurídica en el sector del transporte de pasajeros ha dado un paso decisivo en Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a través de su Sala de Málaga, ha emitido un fallo que pone en jaque la estrategia regulatoria de la Junta de Andalucía respecto a las licencias VTC. La sentencia se produce tras la negativa de la Consejería de Fomento a otorgar cinco autorizaciones solicitadas en 2022, bajo el pretexto de que su concesión desestabilizaría económicamente al sector del taxi tradicional, llegando a vaticinar su posible desaparición.
El tribunal ha calificado esta denegación de arbitraria, señalando que la Administración regional incurrió en una interpretación errónea de la normativa vigente y de la jurisprudencia comunitaria. La Junta fundamentó su rechazo en la supuesta necesidad de proteger al taxi frente a plataformas como Uber, Cabify o Bolt, argumentando que los taxistas deben cumplir con obligaciones de servicio público que no recaen sobre los conductores de VTC, lo que a su juicio justificaba el bloqueo de nuevas licencias para evitar un colapso económico del sector.
No obstante, el TSJA ha sido tajante al invocar la doctrina 'Prestige & Limousine' establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en junio de 2023. Esta jurisprudencia deja claro que cualquier restricción que limite la libertad de establecimiento recogida en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe estar debidamente justificada por razones imperiosas de interés general, y el simple mantenimiento de la viabilidad económica de un competidor no se considera una razón válida para vetar la competencia.
La sentencia destaca que basar la desestimación únicamente en la ratio cuantitativa de una licencia VTC por cada 30 taxis constituye una vulneración de los derechos de los operadores y emprendedores locales. Al no existir una justificación técnica y rigurosa más allá de la mera aplicación matemática de un límite que la Unión Europea ya ha cuestionado, la justicia obliga a la Administración a retrotraer las actuaciones y evaluar de nuevo la solicitud sin aplicar dicho tope numérico.
Este veredicto supone un espaldarazo significativo para los inversores en licencias VTC, quienes han visto cómo durante años sus solicitudes se topaban con un muro burocrático basado en la protección de un monopolio de facto. La condena en costas a la Consejería de Fomento subraya la falta de fundamento legal de su postura anterior y abre la puerta a que otras solicitudes denegadas bajo los mismos argumentos sean reclamadas por los cauces legales correspondientes ante la justicia ordinaria.
Desde InnoVTC, consideramos que este fallo es una excelente noticia para la modernización de la movilidad en España. La protección de un sector no puede realizarse a costa de asfixiar la innovación y la libre competencia que demandan los ciudadanos. Para los inversores, este escenario refuerza el valor de los activos VTC como una oportunidad de negocio legítima y respaldada por el marco jurídico europeo, marcando el camino hacia un modelo de convivencia donde la calidad del servicio y la libertad de elección del usuario sean los verdaderos motores del mercado.