La tensión regulatoria en Cataluña alcanza un nuevo pico tras las recientes declaraciones de Daniel Georges, director de Bolt en España. El máximo responsable del unicornio estonio ha manifestado su profunda preocupación por el borrador de la nueva normativa que el Parlament catalán está tramitando. Según Georges, el retraso en la aprobación de esta ley pone de relieve la falta de claridad inicial sobre sus objetivos, aunque el texto actual deja ver restricciones que, a juicio de la plataforma, colisionan frontalmente con la jurisprudencia española y europea establecida en los últimos años.
Uno de los puntos más críticos señalados por el directivo es la posible desaparición del 25% de la oferta de movilidad bajo demanda en el área metropolitana de Barcelona. Bolt, que opera con unos 2.500 vehículos asociados entre taxis y VTC en la zona, argumenta que expulsar a estos últimos del entorno urbano no solo es un error estratégico, sino un riesgo para la estabilidad del transporte público. Georges advierte que, en periodos de alta afluencia turística, la eliminación de esta oferta privada obligará a los usuarios a saturar las líneas de bus y metro, provocando un colapso que afectará principalmente a los ciudadanos locales.
La regulación propuesta incluye medidas que Bolt califica de 'absurdas' en pleno siglo XXI, como la exigencia de contratar un servicio de VTC con dos horas de antelación. Esta restricción temporal ya ha sido tumbada por los tribunales en casos previos, como ocurrió con normativas en Baleares o el País Vasco, donde los tiempos de espera obligatorios de 15 o 30 minutos fueron considerados contrarios al interés general. Georges subraya la contradicción de imponer esperas manuales en una era donde la industria avanza hacia el vehículo autónomo y la inmediatez digital.
Desde el punto de vista del mercado, Georges defiende la convergencia de modelos iniciada tras el Decreto Ábalos de 2018. Para Bolt, el objetivo de la administración no debería ser imponer barreras artificiales para proteger a un sector específico —en referencia al taxi—, sino eliminar trabas para que ambos servicios compitan en igualdad de condiciones bajo un entorno digital. Según el directivo, el usuario final valora la transparencia de precios y la eficiencia del trayecto por encima del color del vehículo, por lo que una hiperregulación solo genera ineficiencias en el sistema de movilidad urbana.
En cuanto a la supervivencia del sector, el panorama planteado es sombrío. De aprobarse el decreto en sus términos actuales, la inmensa mayoría de las licencias VTC quedarían inhabilitadas para realizar servicios dentro de Barcelona, lo que supondría un golpe económico devastador para inversores y trabajadores. Ante esta situación, Bolt ha lanzado campañas de concienciación como 'Espera Assegut', buscando que la ciudadanía perciba el retroceso que supondría perder la flexibilidad que ofrecen las aplicaciones de movilidad frente a las restricciones burocráticas.
Desde InnoVTC, consideramos fundamental que la regulación en Cataluña evolucione hacia un marco de coexistencia pacífica y seguridad jurídica. La imposición de tiempos de precontratación de dos horas no solo parece un anacronismo legal destinado a ser anulado en los tribunales, sino que desincentiva la inversión en un sector clave para la modernización de nuestras ciudades. Para los inversores en licencias VTC, la estabilidad regulatoria es el activo más valioso; cualquier normativa que ignore la realidad del mercado y las necesidades de los usuarios finales terminará por lastrar la competitividad de Barcelona frente a otras capitales europeas.