El mapa de la movilidad compartida en España vuelve a registrar focos de alta intensidad. En esta ocasión, Alicante y A Coruña se han convertido en los epicentros de una nueva batalla administrativa por el control del mercado VTC. Entre ambas provincias se han registrado más de 3.600 solicitudes para operar vehículos con conductor, un volumen que ha puesto en alerta a las administraciones autonómicas y locales. Esta avalancha de peticiones, liderada principalmente por grandes plataformas como Uber y Bolt, refleja un interés inversor persistente a pesar de las barreras regulatorias existentes.
La situación en la provincia de Alicante es especialmente crítica, concentrando más de 3.000 de estas solicitudes. La Generalitat Valenciana se encuentra ahora en una encrucijada, gestionando un elevado volumen de expedientes mientras el sector del taxi intensifica sus movilizaciones. El Consell evalúa la implementación de un decreto que permita suspender o limitar la concesión de nuevas autorizaciones, siguiendo la senda ya trazada por comunidades como Andalucía o la Región de Murcia. Este movimiento administrativo ocurre mientras se termina de perfilar el nuevo Decreto de Movilidad autonómico, cuya aprobación ha sido postergada para buscar un consenso entre los diversos actores del transporte.
En Galicia, aunque las cifras son menores en términos absolutos, el impacto es igualmente significativo. A Coruña, que actualmente cuenta con unas 190 licencias VTC frente a 520 de taxi, tiene sobre la mesa unas 600 solicitudes pendientes de resolución. La Xunta de Galicia ya ha comenzado a plantearse una moratoria específica para absorber este crecimiento sin alterar el orden público de movilidad. Por su parte, el ayuntamiento coruñés ha iniciado una consulta pública para redactar una normativa municipal que, si bien no puede anular las licencias autonómicas, sí podrá imponer condiciones operativas estrictas dentro de la ciudad.
Este fenómeno no es aislado en la geografía española. La tendencia a la restricción se está consolidando como la respuesta estándar de las administraciones ante el crecimiento de la demanda de servicios VTC. Regiones como Baleares han optado por vincular las nuevas licencias a rigurosos estudios medioambientales, una estrategia que ha surgido tras acumular 10.000 solicitudes, especialmente en la isla de Ibiza. Mientras tanto, en Murcia se ha prorrogado la moratoria vigente hasta verano de 2027, blindando de facto el mercado actual frente a nuevos competidores.
El conflicto no solo se libra en los despachos, sino que ha llegado de nuevo a instancias judiciales de calado nacional e internacional. El caso de Zaragoza ilustra perfectamente este choque; Bolt ha denunciado a la alcaldía por denegar licencias basándose en la ratio 1:30, la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha señalado como contraria al derecho comunitario. Esta discrepancia entre el marco jurídico europeo y las prácticas administrativas locales sigue generando una inseguridad jurídica que afecta tanto a grandes flotas como a pequeños inversores en licencias.
Desde InnoVTC, observamos con preocupación cómo la respuesta administrativa ante la demanda del mercado sigue siendo la paralización y la moratoria en lugar de una planificación estructural eficiente. El volumen de solicitudes en Alicante y Coruña demuestra que existe un interés real por ampliar la oferta de movilidad en estas zonas. Consideramos que la clave para la estabilidad del sector y para la rentabilidad de las inversiones en licencias VTC pasa por establecer marcos regulatorios claros que respeten la jurisprudencia europea, evitando que la discrecionalidad administrativa derive en largos y costosos procesos judiciales.