El ecosistema de la movilidad en la Comunidad Valenciana atraviesa un momento de alta tensión tras las recientes declaraciones de la Conselleria de Transportes. Las principales organizaciones patronales del sector, entre las que destacan Movva, Unauto y Feneval, han expresado un rotundo rechazo ante el inminente decreto ley autonómico. Según denuncian estas entidades, la normativa diseñada por el Govern pretende favorecer exclusivamente al sector del taxi bajo el pretexto de considerarlo un servicio esencial, lo que en la práctica supondría una asfixia operativa para los vehículos de transporte con conductor.
La preocupación no es solo regulatoria, sino profundamente económica y social. Se estima que las restricciones planteadas ponen en jaque la continuidad de casi 5.000 puestos de trabajo en la región. Este ecosistema laboral está compuesto por una amalgama de autónomos, pequeñas y medianas empresas, además de grandes operadoras que han realizado importantes inversiones en el territorio valenciano. Ante la falta de diálogo por parte del Ejecutivo regional, las patronales han confirmado que iniciarán un calendario de protestas y movilizaciones en los próximos días para visibilizar la fragilidad de su situación.
Desde el punto de vista jurídico, el sector recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es muy clara al respecto. Las resoluciones europeas estipulan que la protección de la viabilidad económica del taxi no es una razón de interés general válida para imponer restricciones discriminatorias a otros competidores del mercado. En este sentido, las asociaciones recalcan que la política de movilidad no puede estar dictada por la presión de colectivos externos, sino que debe guiarse por la libre competencia y el beneficio del usuario final, respetando siempre el marco normativo comunitario.
Otro de los puntos de fricción es la supuesta competencia desleal, un argumento frecuentemente esgrimido por el taxi pero que, según las patronales, carece de base legal en este caso. Los tribunales han respaldado recientemente la legalidad de los servicios urbanos prestados por las VTC en suelo valenciano, validando su actividad bajo la normativa autonómica actual. Por ello, consideran que el nuevo decreto es un retroceso injustificado que ignora tanto los fallos judiciales previos como las necesidades de una ciudadanía que demanda opciones de movilidad diversas y digitales.
La insistencia de las patronales en solicitar una reunión con el Conseller de Transportes ha caído en saco roto durante meses. Esta ausencia de interlocución es vista como un acto de sectarismo por parte de la Administración, que parece haber optado por una regulación unilateral. El sector defiende que cualquier mejora en la convivencia entre modalidades de transporte debe pasar por una inspección rigurosa y un control efectivo de las irregularidades, en lugar de legislar mediante prohibiciones que puedan derivar en costosas reclamaciones patrimoniales contra la Generalitat.
Desde InnoVTC observamos con preocupación este escenario de inestabilidad jurídica en la Comunidad Valenciana. Para los inversores y operadores del sector, la seguridad normativa es fundamental para mantener el flujo de capital y la renovación de flotas. Creemos firmemente que una regulación que ignore el derecho europeo y la realidad del mercado actual solo conducirá a una judicialización del conflicto que perjudicará, en última instancia, a la movilidad valenciana. La convivencia es posible, pero requiere de una voluntad política que priorice el interés general sobre los privilegios sectoriales heredados.