La Generalitat Valenciana se enfrenta a una misión casi imposible: poner fin al conflicto entre taxistas y vehículos de transporte con conductor (VTC). El Consell ha reiterado que la aprobación y entrada en vigor del nuevo decreto ley que regulará la actividad de ambos sectores se hará efectiva este mes de mayo de 2026, por lo que su anuncio debe producirse esta misma semana. Desde la Conselleria de Infraestructuras, dirigida por Vicente Martínez Mus, el hermetismo es absoluto, aunque el equipo del conseller ha insistido en su apuesta por la «convivencia» entre los dos modelos de movilidad.
El pulso entre taxi y VTC ha alcanzado un nivel existencial: cada parte interpreta que cualquier cambio normativo jugará a favor del competidor. En el centro del debate está si, legalmente, los VTC pueden o no prestar servicios urbanos, es decir, viajes con origen y destino dentro del mismo municipio. Durante la elaboración del decreto, la Conselleria ha articulado mesas de diálogo por separado con ambas partes, pero las posturas continúan siendo irreconciliables, como muestran las manifestaciones y contraprotestas que han recorrido las principales ciudades valencianas en las últimas semanas.
Las dos principales patronales del sector VTC en la Comunitat, UNAUTO-VTC y MOVVA, denuncian que las administraciones valencianas «continúan impulsando campañas sancionadoras» contra la actividad VTC urbana, pese a que el Tribunal Superior de Justicia ya ha confirmado que las VTC domiciliadas en la región pueden prestar este tipo de servicios al amparo del marco normativo vigente. La sentencia 661/2025 del TSJCV, dictada en noviembre del año pasado, rechaza la tesis de que las autorizaciones VTC queden limitadas exclusivamente al transporte interurbano y reconoce la competencia local en su regulación.
Desde que se dictó esa resolución, las patronales contabilizan más de 300 sanciones en toda la región que, a su juicio, «carecen de base jurídica». UNAUTO-VTC y MOVVA califican de «incomprensible» que se siga tratando a las VTC como si actuaran al margen de la ley y advierten de que mantener esta línea sancionadora «genera inseguridad jurídica, perjudica a trabajadores y empresas y transmite una imagen muy preocupante del funcionamiento institucional» en plena antesala de la temporada turística alta.
Las patronales recuerdan que el sector VTC opera de forma legal, atiende una demanda real de residentes y visitantes y ayuda a absorber picos en aeropuertos, estaciones y zonas turísticas. Cifran su impacto en 5.000 empleos directos y advierten de que restringir o expulsar la actividad VTC urbana en la Comunitat supondría un coste superior a 262 millones de euros, además de un daño reputacional como destino turístico moderno y competitivo.
En el frente contrario, los taxistas han endurecido sus movilizaciones a lo largo de 2026, con paros y marchas lentas semanales entre finales de abril y principios de mayo, además del primer escrache al conseller Martínez Mus y al president Juanfran Pérez Llorca, secundando la concentración de docentes frente a Les Corts. Fernando del Molino, presidente de la Confederación del Taxi de la Comunitat, asegura no tener «ninguna confianza» en que el decreto vea la luz esta semana y lamenta el desconocimiento total sobre su contenido: «Nos preocupa porque puede venir todo negativo hacia el taxi».
El sector del taxi se reúne cada dos semanas para coordinar su estrategia y ya estudia paros en eventos de alta visibilidad como San Juan o la Tomatina si el decreto consolida lo que consideran una «liberalización» del mercado y un «intrusismo» en su actividad. Una encuesta reciente de la Unión de Consumidores, realizada sobre 384 personas, refleja en cambio una amplia aceptación social de la convivencia entre ambos modelos y una petición clara de mejorar la disponibilidad del transporte urbano en momentos de alta demanda.
Desde InnoVTC seguimos de cerca la tramitación del nuevo decreto VTC en la Comunitat Valenciana, especialmente por su impacto directo en operadores, inversores y titulares de licencias VTC en Valencia, Alicante y Castellón. La consolidación jurídica de los servicios urbanos VTC, en línea con la sentencia 661/2025 del TSJCV, sería una señal positiva para la profesionalización del sector y para la estabilidad de las inversiones en flota y licencias. Acompañamos a nuestros clientes para que cualquier cambio normativo se traduzca en oportunidades operativas y no en nuevos focos de inseguridad jurídica.