La reciente decisión de la Junta de Andalucía de congelar el otorgamiento de autorizaciones para nuevos vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), imitada por otras comunidades autónomas, se presenta como una respuesta técnica a problemas ambientales y de gestión del espacio público. Sin embargo, un análisis detallado revela que se trata de un parche mal cosido que protege privilegios y rentas ya creadas del sector del taxi.
La medida se ampara en un estudio encargado por la Junta de Andalucía, elaborado por la consultora NOMMON y publicado a finales de 2025. Dicho estudio mezcla modelos agregados y proyecciones discutibles con objetivos legítimos como la calidad del aire y la ordenación del tráfico, para justificar una restricción que en la práctica limita la movilidad y contradice el sentido de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.
El estudio afirma que la incorporación de nuevas VTC incrementaría kilómetros en vacío, emisiones de partículas y congestión, y concluye que no procede aumentar el número de autorizaciones VTC, incluyendo los vehículos eléctricos. Sin embargo, la metodología empleada trata la demanda como un dato fijo y no como una variable dependiente del precio, calidad y disponibilidad de las flotas. En otras palabras, la prueba de la suficiencia de la oferta está construida sobre lo que esa misma oferta deja ver cuando está limitada: una profecía autocumplida.
El argumento ambiental también merece matices. Es cierto que todos los vehículos, incluidos los eléctricos, generan partículas no procedentes de la combustión por desgaste de frenos, neumáticos y pavimento. Pero esto no autoriza a congelar el crecimiento del servicio. La solución correcta pasaría por políticas de reducción de kilómetros en vacío, mejor planificación urbana y evaluaciones inteligentes de congestión, no una prohibición general.
Desde el punto de vista jurídico, el Real Decreto-ley 5/2023 y la jurisprudencia europea permiten límites si concurren razones imperiosas de interés general y si las medidas son proporcionales. Pero la protección de intereses económicos consolidados, como el valor de mercado de las licencias de taxi, no puede ser una razón válida según el Tribunal de Justicia de la UE.
El efecto práctico será perverso: frenar la entrada de VTC cero emisiones en un momento de creciente demanda por turismo y digitalización significa dejar viajes sin cubrir, empeorar la movilidad nocturna y en entornos periféricos, y presionar al alza los precios. El resultado es un sistema menos competitivo, menos adaptado y más costoso para el interés general.
Existen alternativas coherentes con la Ley de Movilidad Sostenible: penalizaciones por congestión a flotas contaminantes, digitalización del servicio de taxis para evitar kilómetros en vacío, fomento de trayectos compartidos y mejor conexión modal con transporte público. Solo así se atendería realmente la salud pública sin castigar la competencia ni perjudicar a millones de usuarios.