El conflicto entre el sector del taxi y la administración autonómica vuelve a intensificarse en la Comunidad Valenciana. Tras semanas de tensión y negociaciones fallidas, los representantes de los taxistas han confirmado una jornada de huelga de 24 horas el próximo 25 de febrero, acompañada de movilizaciones previas que arrancarán el día 18. La protesta podría tener un impacto directo en la movilidad urbana e interurbana de toda la comunidad.
La convocatoria llega después de que el sector decidiera aplazar una primera protesta prevista para este mes, otorgando un margen adicional al Consell con el objetivo de abrir una negociación real. Sin embargo, ante la falta de avances concretos, los taxistas han optado por retomar la hoja de ruta reivindicativa y elevar la presión institucional.
El principal punto de fricción gira en torno a la falta de una normativa clara y efectiva sobre las VTC. Los representantes del sector consideran imprescindible la aprobación urgente de un decreto ley autonómico que delimite de forma precisa las condiciones de operación de estos vehículos frente al taxi tradicional. Entre sus demandas figuran la igualdad de condiciones en requisitos, seguros y formación, la protección del precio regulado y medidas contra la competencia desleal.
En Alicante, donde el taxi juega un papel clave en la conexión entre barrios, playas y zonas turísticas, el paro podría sentirse con especial intensidad. La huelga del 25 de febrero afectará a la movilidad urbana en horas punta, los servicios esenciales para personas mayores o con movilidad reducida, los traslados en aeropuertos y la economía local.
Desde el colectivo subrayan que el objetivo no es colapsar el sistema de transporte, sino obligar a la administración a sentarse a negociar con voluntad política. Los taxistas recuerdan que su actividad está sujeta a licencias limitadas, precios regulados, capacitación profesional obligatoria y seguros específicos, exigencias que consideran no se aplican con la misma intensidad a las VTC.
Desde InnoVTC, seguimos de cerca la evolución de este conflicto que afecta directamente al ecosistema de la movilidad en España. Para los inversores y titulares de licencias VTC, esta situación genera un escenario de incertidumbre regulatoria que conviene monitorizar. Cualquier cambio normativo tendrá impacto directo en la valoración y operativa de las licencias VTC en la Comunidad Valenciana.