El sector del taxi en la Comunitat Valenciana atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Las principales asociaciones representativas del gremio han acordado convocar un paro de 24 horas que se desarrollará desde las 6:00 del miércoles 25 de febrero hasta las 6:00 del jueves 26 de febrero de 2026, afectando a todo el territorio autonómico.
La decisión llega en un contexto de máxima incertidumbre para el sector. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), aunque no es firme, podría abrir la puerta a la liberalización total de las licencias VTC en la comunidad autónoma. Para los taxistas, esto supondría un golpe definitivo a un modelo de servicio público que consideran ya al límite de la viabilidad.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anunció recientemente que la aprobación de un decreto para proteger el taxi como servicio público esencial era «inminente». Sin embargo, las asociaciones del sector lamentan que, pese a agradecer la voluntad del conseller, a día de hoy no existe ni un texto concreto ni plazos definidos para la aprobación de dicho decreto.
Las cifras dan una dimensión clara del conflicto: más de 7.000 familias dependen directamente del sector del taxi en la Comunitat Valenciana. Los representantes del gremio aseguran que su supervivencia «pende de un hilo» y que llevan años escuchando promesas que no se materializan en medidas legislativas concretas.
Además del paro, los taxistas han convocado una manifestación frente al Palau de la Generalitat el mismo 25 de febrero, con el respaldo de todas las juntas directivas del sector. Se espera una alta participación que ponga de manifiesto la gravedad de la situación para los profesionales del taxi.
Desde InnoVTC, seguimos de cerca la evolución de este conflicto que afecta directamente al ecosistema de la movilidad en España. La tensión entre el modelo de taxi regulado y las licencias VTC no es exclusiva de Valencia: se replica en mayor o menor medida en todas las comunidades autónomas. Lo que ocurra en la Comunitat Valenciana con este decreto podría sentar un precedente relevante para el resto del país.
Para los inversores y titulares de licencias VTC, esta situación genera un escenario de incertidumbre regulatoria que conviene monitorizar de cerca. Cualquier cambio normativo — ya sea en forma de decreto restrictivo o de liberalización judicial — tendrá un impacto directo en la valoración y operativa de las licencias VTC en la comunidad autónoma.
La convivencia entre taxi y VTC sigue siendo uno de los grandes debates del transporte urbano en España. Mientras unos defienden la protección del servicio público y la limitación de licencias, otros abogan por una mayor apertura del mercado que beneficie al usuario final con más opciones y competencia. El desenlace de este pulso en Valencia será determinante para el futuro del sector en todo el país.