La integridad y la transparencia son pilares fundamentales en el reclutamiento para el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC). Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido una sentencia clarificadora que respalda la decisión de la empresa Autos Agrimony Bach Transportation, S.L. de extinguir el contrato de un empleado durante el periodo de prueba tras descubrirse que este había falseado su declaración jurada sobre antecedentes penales.
El caso analiza la situación de un conductor que, al ser contratado, aseguró por escrito carecer de historial delictivo. Sin embargo, tras una revisión motivada por trámites de incapacidad temporal, la Tesorería General de la Seguridad Social reveló periodos de cotización vinculados a talleres penitenciarios entre 2018 y 2022. Este hallazgo evidenció que el trabajador no solo tenía antecedentes, sino que había vulnerado conscientemente el principio de buena fe contractual exigido por el Estatuto de los Trabajadores.
El tribunal, bajo la ponencia de la magistrada María Aurora de la Cueva Aleu, desestimó las alegaciones del trabajador, quien intentó argumentar que su despido era nulo por encontrarse de baja médica. La sentencia 599/2025 subraya que la incapacidad temporal no supone una protección absoluta si existen causas objetivas y lícitas para el cese. En este escenario, la mentira en la declaración jurada se posiciona como una razón de peso que invalida cualquier pretensión de discriminación laboral.
Un aspecto jurídico de gran relevancia en este fallo es que la naturaleza de los delitos cometidos no influye en la resolución de la justicia. Para el TSJM, el hecho determinante no es el tipo de antecedente penal que poseía el conductor, sino la acción de ocultar la verdad ante la empresa en un sector donde la confianza y el cumplimiento normativo son requisitos sine qua non para el ejercicio de la actividad.
Esta resolución judicial proporciona un importante respaldo a los inversores y gestores de flotas VTC, quienes a menudo enfrentan situaciones de incertidumbre legal durante la fase de prueba de sus empleados. La sentencia reafirma que los mecanismos de control preventivo, como la exigencia de declaraciones juradas, son herramientas legítimas y eficaces para garantizar la excelencia en el servicio y la seguridad de los pasajeros.
Desde InnoVTC consideramos que este fallo es esencial para la profesionalización del sector. La seguridad jurídica para el empleador es tan vital como la protección del trabajador; asegurar que quienes operan licencias VTC cumplen rigurosamente con los estándares éticos y legales no solo protege la inversión, sino que eleva la reputación de toda nuestra industria frente a las instituciones y el usuario final.