La tensión entre el sector del taxi y los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) ha alcanzado un nuevo punto de inflexión en A Coruña. Durante una reciente jornada de movilizaciones, donde una caravana de taxis recorrió la distancia entre el Millenium y O Parrote, el debate sobre la insuficiencia del servicio actual ha quedado sobre la mesa. Mientras los taxistas denuncian una supuesta inacción de la Policía Local frente a la operativa de las VTC, la administración local ha revelado cifras que demuestran una actividad inspectora activa, con 36 resoluciones, 112 actas y un volumen de sanciones que supera ya los 276.000 euros en lo que va de año.
A pesar de la cuantía de estas multas, la alcaldesa Inés Rey ha sido tajante al afirmar que las sanciones por sí solas no solucionan el conflicto estructural de movilidad. Según la regidora, las grandes plataformas que gestionan las VTC tienen la capacidad financiera para absorber estas penalizaciones, lo que convierte la vía punitiva en una herramienta ineficaz para garantizar un servicio ordenado. La solución, a ojos del Gobierno local, pasa irremediablemente por la redacción de una nueva ordenanza municipal que regule la convivencia entre ambos sectores, asumiendo que el modelo actual de prohibición es inviable ante la realidad del mercado.
Uno de los puntos más críticos que justifica esta apertura hacia las VTC es el notable déficit de transporte público discrecional en momentos clave. Con algo más de 500 licencias de taxi activas, la oferta se muestra incapaz de cubrir las peticiones ciudadanas, especialmente durante los fines de semana y en franjas nocturnas. Los datos municipales señalan esperas que pueden llegar a la hora para obtener un vehículo, una situación que impacta negativamente en la imagen de la ciudad y en la seguridad de los usuarios que necesitan desplazarse durante la madrugada.
Desde el Concello se defiende que las VTC cubren una demanda que el taxi no está satisfaciendo actualmente. En este sentido, la propuesta de la alcaldía sugiere permitir que estos vehículos operen legalmente en aquellas franjas horarias donde el taxi muestra carencias. Esta visión pragmática busca equilibrar la balanza: respetar el espacio del taxi pero garantizar que el ciudadano no quede desatendido. Inés Rey ha señalado que cerrar los ojos ante la demanda de estos servicios es alejarse de la realidad social y económica de A Coruña.
La responsabilidad institucional también ha sido objeto de debate, desplazando parte de la carga hacia la Xunta de Galicia. El gobierno municipal critica lo que denomina una entrega 'a cascoporro' de licencias VTC por parte de la administración autonómica en años anteriores, lo que habría trasladado un problema de difícil gestión a los ayuntamientos sin una normativa marco clara. Ante esta 'patata caliente', A Coruña ha decidido tomar la iniciativa legislativa propia para dotar de seguridad jurídica a los operadores y garantías a los clientes finales.
Desde InnoVTC, valoramos positivamente la voluntad de regular basándose en las necesidades reales del usuario. Para los inversores y operadores de licencias VTC, la creación de un marco normativo que reconozca su papel complementario en el transporte urbano es una noticia esperanzadora. La integración en el ecosistema de movilidad de A Coruña, especialmente para cubrir picos de demanda y servicios nocturnos, no solo reducirá el conflicto social, sino que profesionalizará el sector y ofrecerá una rentabilidad más estable basada en la legalidad y la eficiencia del servicio.