El sector de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) ha decidido elevar el conflicto regulatorio en Cataluña a las máximas instituciones europeas. Las patronales Unauto y Feneval han remitido una comunicación formal al comisario de Transporte de la Unión Europea, Apostolos Tzitzikostas, solicitando una intervención urgente antes de que el Parlament apruebe la nueva ley del taxi. Según las asociaciones, el texto legislativo en trámite representa una amenaza existencial para el sector, contraviniendo principios fundamentales del derecho comunitario sobre la libertad de establecimiento y la libre competencia.
La principal preocupación radica en el carácter restrictivo de la norma, que pretende declarar al taxi como servicio de interés económico general, relegando a las VTC a un plano marginal. Los representantes empresariales denuncian que la redacción del proyecto legal ha estado influenciada de forma exclusiva por los intereses del taxi, omitiendo cualquier consulta con los actores del ámbito VTC. Esta supuesta falta de neutralidad regulatoria busca, según el escrito enviado a Bruselas, proteger económicamente a un sector mediante la eliminación progresiva de su competencia directa, lo cual choca con la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Entre los puntos más polémicos de la propuesta legislativa destaca la limitación de la vigencia de las licencias VTC a solo dos años, eliminando la posibilidad de renovación automática y su transmisibilidad. De materializarse este articulado, se estima la desaparición inmediata de unas 600 licencias de las 990 que operan actualmente en el Área Metropolitana de Barcelona. Para los inversores y operadores, esto supone un escenario de inseguridad jurídica total, ya que el 90% de la demanda actual corresponde a servicios urbanos que quedarían prohibidos o seriamente limitados bajo el nuevo marco.
El impacto económico proyectado por las patronales es alarmante. Se calcula que la aplicación estricta de esta 'ley antiuber' conllevaría la destrucción de cerca de 6.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. Además, las arcas públicas dejarían de percibir unos 326 millones de euros en términos de actividad económica, incluyendo una merma de 72 millones de euros en cotizaciones sociales e impuestos. A esto se suman requisitos operativos adicionales, como la exigencia de un nivel B1 o B2 de catalán para los conductores y la implementación de sistemas de geolocalización supervisados en tiempo real por la administración.
A pesar de que el Parlament ya ha rechazado enmiendas a la totalidad, permitiendo que la tramitación continúe su curso, las patronales confían en que la Comisión Europea acelere el examen del procedimiento de infracción ya abierto contra España. En su misiva, solicitan una reunión de urgencia con el comisario Tzitzikostas para exponer la desproporcionalidad de las medidas, que incluyen la facultad de la Generalitat para no renovar autorizaciones basándose en criterios discrecionales como la saturación de la oferta o estándares medioambientales arbitrarios.
Desde la perspectiva de InnoVTC, consideramos que la judicialización e internacionalización del conflicto es una consecuencia directa de una regulación que ignora la realidad del mercado y las preferencias de los usuarios. La sostenibilidad de las inversiones en licencias VTC requiere un marco de estabilidad que solo puede garantizarse mediante el cumplimiento de las directrices europeas. La imposición de barreras temporales y la eliminación de la transmisibilidad de licencias no solo perjudican a las plataformas, sino que reducen la competitividad del ecosistema de movilidad en Cataluña, alejándola de las tendencias de innovación global.