El escenario de la movilidad en las Islas Canarias se encuentra en un punto de inflexión histórico tras la reciente ratificación parlamentaria de la modificación de la ley de transporte por carretera. Este movimiento legislativo responde a una realidad de mercado latente: existe un interés masivo por operar en el archipiélago, con una estimación de hasta 9.000 solicitudes de licencias VTC pendientes, una cifra que contrasta drásticamente con las apenas 220 autorizaciones que se encuentran operativas en la actualidad bajo el antiguo y restrictivo ratio de 1/30 respecto al taxi.
La nueva normativa introduce una moratoria de un año, periodo durante el cual los cabildos insulares deberán diseñar y aplicar los criterios ambientales y de sostenibilidad que regirán la concesión de nuevas licencias urbanas. Esta transición hacia un modelo basado en parámetros objetivos —como la capacidad de las vías, la congestión del tráfico o los índices de contaminación— sustituye a las limitaciones puramente económicas que fueron invalidadas por la justicia europea, abriendo una ventana de oportunidad técnica para la expansión del sector en las islas.
El análisis por islas revela una saturación administrativa evidente. En Tenerife y Gran Canaria, las islas capitalinas, se concentra el grueso de la demanda con más de 8.000 expedientes de solicitud. No obstante, el fenómeno no es exclusivo de los grandes núcleos; en El Hierro, donde hasta ahora no existían VTC por el pequeño número de taxis (24 licencias), ya constan 72 solicitudes. En La Gomera se superan las 40 peticiones frente a solo 2 licencias vigentes, mientras que en La Palma el interés se ha disparado con decenas de trámites presentados recientemente.
La transformación regulatoria impulsada desde Bruselas obliga al Gobierno de Canarias y a los respectivos cabildos a dejar de lado la protección de mercados cerrados para centrarse en la gestión del espacio público. La futura concesión de licencias dependerá de informes técnicos que analicen el impacto real de los servicios VTC en la movilidad sostenible. Esto supone un reto de gobernanza para las autoridades locales, que tienen apenas doce meses para articular un marco jurídico robusto que evite la litigiosidad y garantice un servicio de calidad.
Desde el punto de vista del inversor, Canarias se posiciona como un mercado de alto potencial debido a su naturaleza turística y la creciente demanda de movilidad flexible. Sin embargo, la moratoria impone una pausa necesaria para evaluar la viabilidad de los proyectos. Las empresas del sector deberán ahora enfocar sus flotas hacia vehículos de cero emisiones y estrategias de integración urbana que se alineen con los nuevos requisitos ambientales que cada cabildo podrá personalizar según sus necesidades geográficas y poblacionales específicas.
En InnoVTC consideramos que este incremento exponencial en las solicitudes es una señal clara de que el modelo de movilidad tradicional en Canarias requiere una actualización urgente para satisfacer a residentes y turistas. No obstante, abogamos por que la resolución de estas 9.000 solicitudes se realice bajo criterios de competitividad sana y sostenibilidad real. La seguridad jurídica que aporte esta nueva regulación será fundamental para que Canarias deje de ser un mercado estanco y se convierta en un referente de movilidad multimodal eficiente.